Los trabajadores de la Comunidad advierten que la reducción de jornada
afectará a la atencion a menores, la valoración en Dependencia y
discapacidad o los centros de día para mayores.
El Comité de Empresa de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas
Sociales y Vivienda ha advertido al Gobierno de Canarias que la
reducción del 20% de jornada y salario que se aplicará a los
funcionarios interinos y al personal laboral de la administración
ocasionará “un grave perjuicio” en los servicios que se prestan a “un
gran sector de la población muy vulnerable”.
Los representantes de los trabajadores han remitido un escrito al
Secretario General Técnico de la Consejería para solicitar al Gobierno
regional que deje sin efecto una medida que consideran “injusta,
arbitraria e innecesaria”.
En el citado documento, exponen que una de las áreas que se verá
afectada será el referido a la atención a los niños de entre 0 y 3 años.
La reducción de jornada en un 20% al personal que trabaja en las
Escuelas Infantiles, que entrará una hora más tarde y saldrá una hora
antes, “aumentará el riesgo de exclusión social y ocasionará mayores
cotas de desamparo a los menores que se encontraban en una situación de
riesgo”.
El Comité de Empresa recuerda que este alumnado procede de familias
con pocos recursos económicos, “en muchos casos hijos de madres
solteras”, lo que dificulta “la conciliación familiar y su acceso a
recursos formativos o a la búsqueda de empleo”.
Por otra parte, la reducción de jornada y salario afecta al 80% del
personal dedicado a Dependencia en la administración autonómica. Esta
circunstancia perjudicará “a la productividad y al funcionamiento” de
este servicio. “El retraso de la valoración producirá un agravamiento de
la situación de los dependientes, aumentando el tiempo en las listas de
espera, por lo que se incrementará el número de fallecidos sin recibir
ninguna prestación”, advierten los trabajadores, que recuerdan que
Canarias se sitúa a la cabeza del Estado en el denominado Limbo de la
Dependencia, con un 50,9%.
Los sindicatos apuntan que la lista de espera para la valoración de
la discapacidad física, psíquica y sensorial de las personas que
solicitan el reconocimiento de algún grado de discapacidad podría pasar
de los 24 meses actuales a los 36 al reducir la jornada un 30% a las
personas que trabajan en estos equipos. “El reconocimiento de la
discapacidad genera derechos de discriminación positiva y, por tanto, el
acceso a recursos, desde una simple tarjeta de aparcamiento hasta
puestos de trabajo protegido, percepción de una pensión no contributiva o
prestación por hijo a cargo”, señalan.
La medida también ocasionará perjuicios en el área de tratamiento, un
servicio de atención temprana a niños de 0 a 6 años con discapacidad o
riesgo de padecerla:. “El recorte supondrá que menos niños sean
atendidos y que las listas de espera se ralenticen”, aseguran.
Por último, el Comité de Empresa también incide en que los centros de
días para personas mayores pueden sufrir una reducción del horario de
apertura, la supresión de actividades y talleres o, incluso, “podría
afectar a la seguridad de los usuarios”.
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